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ESCÁNDALO: UNA CAMIONETA OFICIAL VOLCÓ CUANDO VIAJABA A UNA ACTO POLÍTICO DE FIGUEROA

Una camioneta oficial vinculada a Manzano Amargo, con cinco ocupantes, volcó cerca de Chos Malal. Fuentes que conocen las circunstancias del accidente aseguran que sus ocupantes viajaban a una reunión de la planta política convocada por Rolando Figueroa y que entre ellos se encontraba la intendenta Malvina Antiñir.

La "tolerancia cero" que se detiene en la puerta del despacho

EL ESTADO AL SERVICIO DEL PODER: ¿CUÁNTOS SON, QUÉ HACEN Y CUÁNTO NOS CUESTAN?

Una camioneta oficial vinculada a Manzano Amargo, con cinco ocupantes, volcó cerca de Chos Malal. Fuentes que conocen las circunstancias del accidente aseguran que sus ocupantes viajaban a una reunión de la planta política convocada por Rolando Figueroa y que entre ellos se encontraba la intendenta Malvina Antiñir. El siniestro abre un escándalo sobre la utilización de recursos públicos para actividades políticas. Pero también deja planteada una pregunta todavía más profunda: ¿cuánto les cuesta a los neuquinos mantener la enorme estructura política que rodea al gobernador y qué reciben a cambio?

Una camioneta del Estado volcada al costado de una ruta. Cinco personas involucradas en un siniestro vial. Policías, bomberos y personal sanitario trabajando en el lugar.

La imagen es impactante. Pero detrás del accidente aparece una cuestión institucional que exige explicaciones urgentes.

El hecho ocurrió en la zona de Piche Neuquén, aproximadamente a 30 kilómetros de Chos Malal.

Según informó FM Patagonia, una camioneta oficial vinculada a Manzano Amargo protagonizó un vuelco cuando trasladaba a cinco personas.

Fuentes que aportaron información sobre el episodio aseguran que sus ocupantes viajaban a una reunión de la planta política convocada por el gobernador Rolando Figueroa y que entre ellos se encontraba la intendenta Malvina Antiñir.

La identidad de los ocupantes, la existencia de personas heridas y el motivo oficial del traslado deben ser confirmados por las autoridades.

Pero la información recibida plantea una cuestión que no puede quedar sin investigar: ¿se están utilizando vehículos, combustible y recursos del Estado para movilizar funcionarios a las reuniones políticas del gobernador?

EL ESTADO NO ES UNA UNIDAD BÁSICA DE FIGUEROA

Los vehículos oficiales no son propiedad del gobernador.

Tampoco de los intendentes ni de los funcionarios.

Son bienes públicos que pertenecen a todos los neuquinos.

Se compran con nuestros impuestos, se mantienen con nuestros impuestos, se aseguran con nuestros impuestos y se abastecen de combustible con nuestros impuestos.

Y tienen una finalidad concreta: servir a la comunidad.

No están destinados a satisfacer las necesidades partidarias de quienes circunstancialmente ocupan el poder.

Si Figueroa quiere reunir a sus dirigentes, organizar su estructura electoral o convocar a sus seguidores, tiene todo el derecho de hacerlo.

Pero una actividad partidaria debe financiarse con recursos partidarios.

Porque una cosa es gobernar y otra muy distinta es convertir el patrimonio del Estado en una herramienta de construcción política personal.

Y si se confirma que la camioneta accidentada estaba cumpliendo esa función, alguien tendrá que explicar quién lo autorizó y por qué.

FIGUEROA REUNIÓ A SU PLANTA POLÍTICA: ¿CUÁNTOS SON, DÓNDE TRABAJAN Y CUÁNTO NOS CUESTAN?

Hay algo que resulta verdaderamente impactante cuando se observa reunida a la estructura política de un gobierno.

Verlos a todos juntos.

Funcionarios, asesores, cargos de confianza, responsables de organismos, integrantes de una estructura que los neuquinos sostienen todos los meses con sus impuestos.

Y frente a semejante despliegue aparecen preguntas tan sencillas como demoledoras.

¿CUÁNTOS SON?

¿DÓNDE TRABAJAN?

¿QUÉ HACEN?

¿CUÁNTO COBRAN?

¿CUÁNTO NOS CUESTAN EN TOTAL?

¿Y PARA QUÉ NOS CUESTAN TODO ESO?

Son preguntas que cualquier ciudadano tiene derecho a formular y que el Gobierno debería poder responder sin dificultades.

Porque cada uno de esos cargos tiene un costo.

Un sueldo. Aportes y contribuciones. Gastos de funcionamiento. En muchos casos, oficinas, vehículos, combustible, teléfonos, viáticos y personal de apoyo.

Y todos esos costos se acumulan en una estructura cuyo tamaño real y cuya productividad deberían ser transparentes para la sociedad.

No alcanza con que alguien tenga un nombramiento.

No alcanza con que figure en un organigrama.

No alcanza con que ocupe un despacho o tenga un cargo de confianza.

Los neuquinos tienen derecho a saber qué produce cada funcionario a cambio del dinero que recibe.

¿Qué decisiones toma?

¿Qué problemas resuelve?

¿Qué servicio presta?

¿Qué resultados puede mostrar?

¿En qué mejora la vida de los ciudadanos gracias a su trabajo?

Porque los cargos públicos no son premios políticos, no son favores personales y mucho menos deberían ser mecanismos para garantizar obediencia al gobernador.

¿LES PAGAMOS PARA GOBERNAR O PARA HACER POLÍTICA?

Esta es, probablemente, la pregunta más incómoda de todas.

Cuando un gobernador convoca a su planta política, es indispensable conocer la finalidad de esa reunión.

¿Se discutieron políticas públicas?

¿Se evaluaron resultados de gestión?

¿Se coordinaron servicios para los ciudadanos?

¿O se habló de elecciones, candidaturas, alianzas y estrategias para conservar el poder?

La diferencia es fundamental.

Los funcionarios pueden participar de actividades partidarias, como cualquier ciudadano.

Pero sus remuneraciones, sus horarios de trabajo y los recursos que administran no pueden confundirse con las necesidades electorales del oficialismo.

¿Estamos pagando funcionarios para que administren Neuquén o para que trabajen en la construcción del poder político de Rolando Figueroa?

Si se trata de una reunión institucional, que se informe su temario, sus objetivos y sus resultados.

Si se trata de una actividad partidaria, que se expliquen los mecanismos utilizados para garantizar que no haya sido financiada con recursos públicos.

Lo que no puede aceptarse es la confusión permanente entre Gobierno, Estado y partido político.

EL VUELCO QUE OBLIGA A INVESTIGAR TODA LA MOVILIZACIÓN

El accidente de la camioneta vinculada a Manzano Amargo abre una investigación que no debería limitarse al vehículo siniestrado.

La pregunta es inevitable:

¿CUÁNTOS VEHÍCULOS OFICIALES FUERON MOVILIZADOS PARA LA MISMA REUNIÓN?

¿Fue solamente esa camioneta?

¿Fueron diez?

¿Fueron veinte?

¿Participaron vehículos de otros municipios?

¿Se utilizaron unidades pertenecientes a organismos provinciales?

¿Quién organizó los traslados?

¿Quién autorizó las salidas?

¿Quién pagó el combustible?

¿Se abonaron viáticos?

¿Hubo funcionarios que viajaron durante su horario laboral para participar de actividades partidarias?

¿Existieron instrucciones para garantizar la presencia de integrantes de la planta política?

Y una pregunta particularmente delicada:

¿LOS FUNCIONARIOS CONCURRIERON POR CONVICCIÓN O PORQUE SU PERMANENCIA EN EL CARGO DEPENDE DE MOSTRAR LEALTAD POLÍTICA?

La asistencia a una reunión política no constituye por sí misma una irregularidad.

Pero si se acredita que existieron órdenes, presiones o utilización indebida de bienes públicos, el problema adquiere otra dimensión.

Y entonces ya no estaríamos hablando solamente de un encuentro político, sino de una cuestión que compromete el funcionamiento de las instituciones.

LA INTENDENTA DE MANZANO AMARGO DEBE DAR EXPLICACIONES

La información recibida señala que Malvina Antiñir, intendenta de Manzano Amargo, viajaba en la camioneta accidentada.

Si se confirma ese dato, corresponde que explique públicamente cuál era el motivo del desplazamiento, quiénes la acompañaban y qué actividad justificaba la utilización del vehículo.

También deberá informar si existía una comisión oficial de servicios, quién la autorizó y con qué recursos se financiaba el viaje.

Porque administrar un municipio no significa disponer libremente de sus bienes.

Y la pertenencia política a un espacio provincial no habilita a utilizar recursos municipales para cualquier convocatoria de sus dirigentes.

Los vehículos del Estado no son taxis gratuitos para los funcionarios ni transportes partidarios pagados por los contribuyentes.

EL GOBERNADOR QUE HABLA DE AUSTERIDAD

Rolando Figueroa ha hecho de la austeridad y de la eficiencia del gasto público dos de las principales consignas de su discurso.

Anunció reducciones de la planta política y presentó la racionalización de los recursos como una característica de su gestión.

Precisamente por eso, la reunión de su estructura política merece un análisis mucho más profundo.

¿Cuántos cargos políticos tiene actualmente el Gobierno provincial?

¿Cuántos fueron realmente eliminados?

¿Cuántos se crearon después?

¿Cuántos funcionarios fueron trasladados a organismos descentralizados, empresas públicas o estructuras que no aparecen claramente identificadas dentro de la administración central?

¿Cuánto representa el gasto político total en el presupuesto provincial?

¿Y cuánto cuesta mantener esa estructura durante un año?

La austeridad no puede ser solamente una palabra que se utiliza en los discursos mientras se mantiene una estructura cuyo costo real los ciudadanos desconocen.

Hay miles de neuquinos que hacen enormes esfuerzos para pagar el alquiler, las tarifas, los alimentos y los impuestos.

Hay familias que viven en una de las provincias más ricas del país y, sin embargo, no logran llegar a fin de mes.

Y frente a esa realidad, los ciudadanos tienen derecho a exigir que cada peso destinado al sostenimiento de cargos políticos tenga una justificación concreta.

No se trata de cuestionar la existencia de funcionarios.

Se trata de cuestionar los cargos innecesarios, los gastos injustificados y cualquier utilización del aparato estatal para finalidades ajenas al interés público.

¿QUIÉN PAGA LOS DAÑOS DE LA CAMIONETA VOLCADA?

El siniestro también plantea interrogantes económicos y jurídicos.

Si se comprueba que el vehículo estaba afectado a un traslado político sin justificación institucional, ¿quién deberá responder por los daños?

¿El municipio?

¿La provincia?

¿La compañía aseguradora?

¿Los funcionarios que autorizaron su utilización?

¿Quién pagará las reparaciones o la eventual reposición de la unidad?

¿Quién afrontará los gastos derivados de las lesiones que pudieran haber sufrido sus ocupantes?

¿Terminarán los contribuyentes pagando también las consecuencias de un viaje que no correspondía realizar con recursos oficiales?

Estas preguntas deben ser respondidas mediante una investigación administrativa independiente.

Deben preservarse las órdenes de salida, los registros de combustible, las autorizaciones, las constancias de comisión de servicios, la documentación del seguro y el informe policial.

También debe determinarse la finalidad de la reunión convocada por Figueroa y si existieron otros vehículos oficiales afectados a la misma actividad.

Si aparecen indicios de utilización indebida de recursos públicos, corresponderá evaluar las responsabilidades administrativas y eventualmente penales.

UNA ESTRUCTURA POLÍTICA QUE DEBE RENDIR CUENTAS

El problema de fondo excede largamente una camioneta volcada.

Se trata de determinar hasta dónde llega la estructura política sostenida con recursos públicos y qué beneficios concretos obtiene la sociedad a cambio.

Un gobierno necesita funcionarios para administrar.

Necesita equipos técnicos, responsables políticos y personas que ejecuten sus decisiones.

Pero no necesita una estructura sobredimensionada cuya principal finalidad sea sostener electoralmente a quien gobierna.

La lealtad política no puede reemplazar la capacidad.

La obediencia personal no puede reemplazar los resultados.

Y la pertenencia a un espacio partidario no puede ser suficiente justificación para cobrar un sueldo del Estado.

Los neuquinos no tienen por qué financiar una estructura política que no pueda demostrar para qué existe y qué resultados produce.

Por eso es indispensable publicar el listado completo de cargos políticos provinciales, sus funciones, remuneraciones, organismos de pertenencia y recursos asignados.

Que cada ciudadano pueda saber cuántos funcionarios hay, dónde trabajan y cuánto cuestan.

Y, sobre todo, qué hacen.

Porque el dinero público no es dinero de nadie.

Es dinero de todos.

FIGUEROA DEBE EXPLICARLO TODO

La primera preocupación frente al accidente debe ser la salud de las personas involucradas. La existencia y gravedad de las lesiones deberán ser informadas por las autoridades correspondientes.

Pero esa preocupación no puede convertirse en una excusa para evitar las explicaciones institucionales.

El vuelco ocurrió.

La camioneta quedó al costado de la ruta.

Cinco personas viajaban en ella, de acuerdo con la información periodística difundida.

Y fuentes vinculadas al episodio sostienen que el desplazamiento tenía como destino una reunión política convocada por Figueroa.

La documentación oficial debe permitir establecer la finalidad del viaje y las responsabilidades correspondientes.

Pero, además, el episodio abre una discusión que el Gobierno ya no debería poder esquivar.

¿CUÁNTO CUESTA REALMENTE LA PLANTA POLÍTICA DE ROLANDO FIGUEROA?

¿Cuántos cargos tiene?

¿Cuántos vehículos utiliza?

¿Cuánto gasta en combustible y viáticos?

¿Cuántas personas cobran un sueldo público por desempeñar funciones políticas?

¿Cuáles son sus responsabilidades?

¿Y qué resultados concretos pueden mostrar?

Es hora de que el gobernador deje de hablar de austeridad en abstracto y exhiba los números.

Que publique la nómina completa.

Que informe las remuneraciones.

Que detalle los gastos.

Que explique el funcionamiento de esa estructura.

Y que aclare qué ocurrió con la camioneta accidentada y por qué sus ocupantes estaban viajando hacia Chos Malal.

Porque detrás de cada funcionario hay un costo que pagan los ciudadanos.

Y detrás de cada peso del presupuesto debe existir una finalidad pública que lo justifique.

FIGUEROA: LOS NEUQUINOS NO SOLAMENTE QUEREMOS SABER CUÁNTOS FUNCIONARIOS TENÉS.

QUEREMOS SABER DÓNDE TRABAJAN, QUÉ HACEN, CUÁNTO NOS CUESTAN Y, SOBRE TODO, PARA QUÉ NOS CUESTAN TANTO.

PORQUE EL ESTADO ESTÁ PARA SERVIR A LA GENTE, NO PARA SERVIR AL PODER.

Y NEUQUÉN NO ES UNA PROPIEDAD PRIVADA DEL GOBERNADOR.

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Información y fotografías del siniestro: FM Patagonia, Chos Malal. Los datos sobre el destino político del viaje y la identidad de sus ocupantes fueron aportados por fuentes vinculadas al episodio y requieren corroboración independiente.

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