FIGUEROA ACELERA LA MAQUINARIA ELECTORAL: $6.100 MILLONES, UNA LICITACIÓN EXPRÉS Y EL FANTASMA DE LAS ELECCIONES ANTICIPADAS
En una sola tarde, el gobernador Rolando Figueroa firmó el decreto que autoriza la contratación del voto electrónico y su gobierno fijó la apertura de ofertas para apenas siete días después. La operación involucra $6.100 millones. Mientras los neuquinos todavía no saben cuándo van a votar, el oficialismo ya puso en movimiento toda la maquinaria electoral. ¿Preparan las elecciones para el 14 de febrero de 2027?
La trampa electoral que viene denunciándose en Neuquén acaba de ingresar en una nueva etapa. Ya no se trata solamente de rumores, versiones políticas o especulaciones sobre un posible adelantamiento de las elecciones provinciales.
Ahora hay documentos oficiales, decretos firmados, funcionarios designados y una licitación multimillonaria en marcha.
EL 15 DE OCTUBRE DE 2026, ROLANDO FIGUEROA PUSO EN MARCHA LA CONTRATACIÓN DEL SISTEMA ELECTORAL PARA 2027.
Lo hizo mediante el Decreto 1669/2026, firmado por el propio gobernador y su ministro de Gobierno, Jorge Tobares.
El monto estimado es de 6.100 millones de pesos para contratar el sistema de Boleta Única Electrónica, incluyendo las máquinas de votación, el soporte técnico, la capacitación y el escrutinio provisorio.
Hasta aquí, podría tratarse de una contratación electoral ordinaria.
Pero lo verdaderamente llamativo es la velocidad.
A las 15:18 del 15 de octubre, Figueroa firmó el decreto.
A las 16:12 de ese mismo día, la Dirección Provincial de Administración ya había firmado la Disposición 88/2026, fijando la apertura de ofertas para el 22 de octubre, a las 10 de la mañana.
¡SIETE DÍAS!
Siete días entre la autorización formal y la apertura de las propuestas de una contratación tecnológica de miles de millones de pesos.
¿Tanta urgencia tiene el gobierno?
¿Quiénes están en condiciones de preparar una oferta de semejante complejidad en tan poco tiempo?
¿Todas las empresas interesadas tendrán las mismas posibilidades de competir?
¿O existe alguna que conoce de antemano las condiciones del negocio?
Son preguntas que el gobierno debe responder. La documentación no demuestra que exista un proveedor previamente elegido, pero la velocidad del procedimiento obliga a extremar los controles sobre la transparencia de la competencia.
EL 14 DE FEBRERO EMPIEZA A COBRAR OTRO SENTIDO
Desde hace semanas circula con insistencia la versión de que Figueroa pretende adelantar las elecciones provinciales al domingo 14 de febrero de 2027.
Una fecha extraordinariamente temprana para elegir gobernador, vicegobernador, diputados y autoridades municipales.
Ahora aparece un elemento concreto.
La apertura de las ofertas será el 22 de octubre.
El pliego que integró la tramitación inicial establece que las propuestas deben mantenerse durante 45 días.
Si esa condición se conserva en el pliego definitivo, el plazo inicial vencería alrededor del 6 de diciembre.
Y hay algo todavía más significativo.
Las condiciones técnicas examinadas exigen que determinadas prestaciones del sistema electoral estén disponibles 60 días antes de las elecciones.
Si Figueroa convocara para el 14 de febrero, ese plazo llevaría al 16 de diciembre de 2026.
TODO EL PROCEDIMIENTO QUEDARÍA CONCENTRADO EN UN CALENDARIO EXTRAORDINARIAMENTE AJUSTADO.
La licitación no prueba por sí sola que la elección será en febrero. Pero su aceleración resulta compatible con esa hipótesis y aumenta la necesidad de que el gobierno explique públicamente sus planes.
¿Por qué Figueroa no anuncia primero cuándo pretende convocar a elecciones?
¿Por qué los partidos políticos y los ciudadanos tienen que reconstruir el calendario electoral a partir de expedientes administrativos?
¿A qué le teme el gobernador?
GRANDI APARECE EN EL CORAZÓN DEL OPERATIVO
Otro dato surge de la Disposición 88/2026.
El gobierno designó a tres integrantes de la Comisión Asesora de Preadjudicación:
* Juan Gilberto Grandi.
* Mariano Paniccia.
* Mario Jordan Díaz.
Entre ellos aparece Juan Gilberto Grandi, un nombre que merece especial atención por su vinculación con la organización electoral provincial.
La comisión tendrá intervención en la evaluación de las ofertas de una contratación estimada en $6.100 millones.
No se trata de una función menor.
Los integrantes deberán intervenir en un procedimiento del que depende una parte esencial de la organización de las próximas elecciones.
Por eso resulta indispensable conocer sus antecedentes, los criterios de evaluación que utilizarán y las garantías de independencia técnica de sus decisiones.
EN UNA ELECCIÓN, NO ALCANZA CON QUE LOS VOTOS SE CUENTEN BIEN. TAMBIÉN DEBE EXISTIR CONFIANZA EN QUIENES ORGANIZAN EL SISTEMA Y CONTROLAN SU CONTRATACIÓN.
¿UNA ELECCIÓN PARA ELEGIR O UNA ELECCIÓN PARA IMPEDIR QUE OTROS COMPITAN?
El trasfondo político es imposible de ignorar.
Figueroa enfrenta un escenario electoral en el que la eventual candidatura de Jorge Sobisch por el Movimiento Popular Neuquino podría alterar profundamente la competencia por la gobernación.
Mientras se discute si el MPN podrá convocar a elecciones internas, si sus afiliados podrán elegir candidatos y si Sobisch tendrá la posibilidad de competir con el partido al que pertenece, el gobierno provincial acelera la contratación de la tecnología electoral.
El contraste es escandaloso.
PARA CONTRATAR EL VOTO ELECTRÓNICO HAY APURO. PARA GARANTIZAR QUE TODOS PUEDAN COMPETIR, NO APARECE LA MISMA URGENCIA.
La sospecha política es que el adelantamiento electoral no buscaría mejorar el funcionamiento institucional, sino reducir los tiempos de organización de las fuerzas opositoras.
Un calendario electoral puede ser formalmente legal y, sin embargo, utilizarse para obtener ventajas políticas.
La igualdad democrática no consiste únicamente en permitir que los ciudadanos ingresen al cuarto oscuro.
También exige que las distintas fuerzas tengan oportunidades razonables de organizarse, seleccionar candidatos, presentar propuestas y competir.
Cuando quien gobierna controla la fecha de las elecciones y utiliza esa facultad para condicionar a sus adversarios, la discusión deja de ser administrativa y se convierte en una cuestión de calidad democrática.
SEIS MIL CIEN MILLONES DE PESOS Y UNA PREGUNTA INCÓMODA
El gobierno estima gastar $6.100 millones en el sistema electoral.
De ese total, $1.830 millones corresponden al ejercicio 2026 y $4.270 millones al de 2027.
La cifra fue calculada sobre una estimación de 630.000 electores.
Son aproximadamente $9.683 por elector.
Nadie discute que las elecciones requieren recursos públicos y que la tecnología debe garantizar seguridad y transparencia.
Lo que corresponde discutir es cómo se contrata, quiénes compiten, cuánto se paga y qué controles se establecen.
Porque EL DINERO ES DE LOS NEUQUINOS, NO DEL GOBERNADOR NI DE SU MINISTRO.
Y porque el sistema electoral no puede convertirse en una herramienta al servicio de la conveniencia política de quien ocupa transitoriamente el poder.
EL DETALLE QUE NO DEBE PASAR INADVERTIDO
Existe además una diferencia documental que exige una explicación.
El proyecto de decreto del 9 de octubre hacía referencia al pliego PLIEG-2026-03456544-NEU-ADM#MGOB.
Pero el decreto definitivo firmado por Figueroa el 15 de octubre aprobó otro documento, identificado como PLIEG-2026-03507719-NEU-SGJ#MGOB.
¿Qué cambió entre ambos documentos?
¿Se modificaron los plazos?
¿Se alteraron las exigencias técnicas?
¿Se mantuvieron las condiciones que determinan quién puede presentarse?
El gobierno debería publicar íntegramente la versión definitiva y permitir su comparación con la anterior.
No se puede afirmar que existan modificaciones irregulares sin examinar ambos textos. Pero tampoco corresponde dar por supuesto que son idénticos.
LA DEMOCRACIA NO PUEDE ORGANIZARSE COMO UNA EMBOSCADA
La verdadera preocupación no está solamente en una licitación ni en una fecha.
Está en la posibilidad de que el poder político pretenda organizar todo el proceso electoral de manera que sus adversarios lleguen debilitados a las urnas.
Una elección adelantada puede ser legal.
Una contratación acelerada también puede serlo.
Pero cuando ambas decisiones coinciden con disputas internas de los partidos opositores y con versiones persistentes sobre una convocatoria extraordinariamente temprana, el gobierno tiene la obligación política de dar explicaciones.
Y esas explicaciones no pueden limitarse a decir que se cumplieron formalidades administrativas.
FIGUEROA DEBE DECIR CUÁNDO SE VOTA, POR QUÉ SE VOTA EN ESA FECHA Y QUÉ GARANTÍAS TENDRÁN TODOS LOS PARTIDOS PARA COMPETIR EN IGUALDAD DE CONDICIONES.
También debe explicar por qué una contratación de $6.100 millones fue programada con una apertura de ofertas apenas siete días después de la firma del decreto, y demostrar que se respetaron todos los requisitos legales de publicidad y concurrencia.
La transparencia no se declama. Se demuestra.
EL MIEDO A COMPETIR
La pregunta política de fondo es sencilla:
¿FIGUEROA QUIERE GANAR UNA ELECCIÓN O QUIERE ORGANIZAR UNA ELECCIÓN EN LA QUE SUS ADVERSARIOS NO TENGAN TIEMPO DE COMPETIR?
Si está tan seguro del respaldo popular que dice tener, debería ser el primer interesado en garantizar una competencia amplia, transparente y sin obstáculos.
Debería querer enfrentar a todos.
A Sobisch, si decide competir.
A los candidatos de los demás partidos.
A cualquiera que aspire legítimamente a gobernar Neuquén.
Porque un gobernador fuerte no necesita elegir adversarios débiles.
Y una democracia auténtica no necesita trampas de calendario.
El 22 de octubre se abrirán las ofertas de la licitación del voto electrónico.
Ese día comenzará a conocerse quiénes pretenden quedarse con el contrato multimillonario y cómo avanza la organización de las elecciones.
Pero la gran incógnita sigue sin respuesta.
¿POR QUÉ FIGUEROA TIENE TANTA PRISA POR PREPARAR LAS URNAS Y TAN POCA DISPOSICIÓN A ACLARAR CUÁNDO Y EN QUÉ CONDICIONES VAN A COMPETIR TODOS LOS CANDIDATOS?
Neuquén merece elecciones libres, transparentes y competitivas.
No una democracia administrada según las necesidades del gobernador.
SE PUSO EN MARCHA LA MAQUINARIA ELECTORAL. AHORA HAY QUE IMPEDIR QUE SE CONVIERTA EN UNA TRAMPA.
