FIGUEROA, ¿Y LA TRANSPARENCIA? LAS DUDAS SOBRE LA CAJA DE LA PAUTA OFICIAL

En Neuquén parece sobrar dinero para la propaganda gubernamental, pero faltar transparencia para explicar quién lo recibe, cuánto cobra y por qué.

Una investigación difundida por NQN Habla acaba de poner bajo la lupa uno de los instrumentos más sensibles de cualquier gobierno: la publicidad oficial.

Según el relevamiento periodístico, se examinaron 59 documentos correspondientes a 28 proveedores. El resultado es tan contundente como inquietante: apenas cinco firmas concentran el 87% de los montos analizados.

No estamos hablando de dinero privado. Estamos hablando de recursos que pertenecen a todos los neuquinos.

Y cuando semejante concentración aparece en un área que mantiene relaciones económicas directas con los medios encargados de controlar e investigar al poder, la cuestión deja de ser exclusivamente administrativa.

Se convierte en un problema institucional.

¿Estamos frente a una política legítima de comunicación pública o ante un sistema de distribución discrecional de recursos capaz de condicionar la independencia de los medios?

La respuesta debe surgir de los documentos. Y el gobierno tiene la obligación de proporcionarlos.

STAICOS: DEL NEGOCIO DE LOS MEDIOS AL MANEJO DE LA COMUNICACIÓN OFICIAL

Hay un antecedente que vuelve especialmente relevante la situación de Claude Christian Staicos.

El 18 de noviembre de 2022, el Boletín Oficial de la República Argentina publicó una resolución del ENACOM que adjudicaba una licencia de radiodifusión a Prima Multimedios SRL, empresa integrada por Staicos y Horacio Fernando Nicolás, cada uno con el 50% de participación.

El 7 de diciembre de 2023, el Boletín Oficial de Neuquén publicó la cesión de las cuotas sociales de Staicos en esa empresa y su renuncia como gerente, mediante instrumentos fechados el 3 de noviembre de ese año.

Tres días después de aquella publicación, el 10 de diciembre, Staicos asumió como secretario de Prensa y Comunicación del gobierno de Rolando Figueroa.

Es decir, quien pasó a desempeñar una función central en la comunicación gubernamental había participado, hasta pocas semanas antes, de una empresa del mismo sector económico.

La desvinculación societaria documentada no constituye una irregularidad por sí misma.

Pero obliga a investigar una cuestión fundamental: ¿existieron posteriormente contrataciones, relaciones comerciales o decisiones administrativas que involucraran a empresas vinculadas con sus antiguos socios?

¿Se adoptaron mecanismos para prevenir eventuales conflictos de intereses?

¿Quién los controló?

¿Dónde están las declaraciones y los antecedentes que permitan despejar cualquier sospecha?

No se trata de condenar a nadie por haber tenido una empresa. Se trata de exigir que quienes administran recursos públicos acrediten que sus decisiones no estuvieron condicionadas por relaciones comerciales anteriores.

CINCO PROVEEDORES, EL 87% DEL DINERO

La concentración revelada por NQN Habla exige respuestas.

¿Por qué cinco proveedores reúnen una proporción tan elevada de los montos examinados?

¿Qué criterios se utilizaron para contratarlos?

¿Se evaluaron alternativas?

¿Se verificó la efectiva prestación de los servicios?

¿Quién autorizó las órdenes de compra y quién certificó su cumplimiento?

Y una pregunta todavía más importante: ¿quiénes son los beneficiarios finales de las empresas contratadas?

La concentración no prueba automáticamente una maniobra ilícita. Pero tampoco puede despacharse con una explicación burocrática.

Cuando el Estado concentra recursos económicos en pocos proveedores, debe poder demostrar que existen razones objetivas, transparentes y verificables para hacerlo.

El gobierno debería publicar inmediatamente la nómina completa de proveedores, los montos contratados y pagados, los expedientes, las órdenes de compra y las certificaciones de los servicios.

La transparencia no consiste en pedirle a la sociedad que confíe en la palabra de un funcionario.

Consiste en exhibir los documentos para que cualquier ciudadano pueda comprobar cómo se utilizó su dinero.

LA PAUTA OFICIAL: ¿INFORMAR A LA SOCIEDAD O DISCIPLINAR A LOS MEDIOS?

Aquí aparece el aspecto políticamente más grave de esta historia.

La publicidad oficial puede ser un instrumento legítimo para informar a la ciudadanía.

Pero también puede convertirse, cuando se administra discrecionalmente, en una herramienta de presión económica sobre el periodismo.

Un medio que investiga al gobierno no debería correr el riesgo de perder ingresos públicos por ejercer su trabajo.

Un empresario periodístico no debería sentir que la supervivencia económica de su empresa depende de mantener una buena relación con un funcionario.

Y un periodista no debería tener que elegir entre investigar al poder o conservar su fuente de trabajo.

Las versiones sobre eventuales presiones a medios y periodistas neuquinos merecen una investigación independiente. No deben confundirse con hechos ya acreditados, pero tampoco ignorarse.

¿Puede el gobierno de Neuquén garantizar que ninguna decisión sobre publicidad oficial estuvo condicionada por el contenido editorial de un medio?

¿Puede demostrar que no existieron premios para los complacientes ni castigos para los críticos?

¿Puede explicar qué criterios objetivos determinan cuánto recibe cada empresa periodística?

Porque si alguna vez se demostrara que el dinero público fue utilizado para condicionar líneas editoriales, ya no estaríamos simplemente frente a una discusión sobre contrataciones.

Estaríamos frente a una afectación gravísima de la libertad de expresión y del derecho de los ciudadanos a recibir información independiente.

FIGUEROA: LA TOLERANCIA CERO TAMBIÉN DEBE APLICARSE A LOS PROPIOS

Rolando Figueroa ha convertido la transparencia y la tolerancia cero en banderas de su gobierno.

Pero esas banderas pierden todo valor si solamente se utilizan para señalar a los adversarios políticos.

La verdadera prueba de un gobernador aparece cuando los interrogantes alcanzan a sus propios funcionarios.

Staicos no llegó a la Secretaría de Prensa por generación espontánea. Fue designado por Figueroa mediante el Decreto 15/2023.

Por lo tanto, el gobernador no puede limitarse a mirar hacia otro lado mientras se acumulan preguntas sobre el funcionamiento de un área tan sensible.

Tiene la responsabilidad política de ordenar que se exhiba la documentación y se expliquen los procedimientos.

Y si aparecieran irregularidades, de promover las investigaciones correspondientes, sin importar quién resulte involucrado.

La tolerancia cero que no alcanza a los funcionarios propios no es tolerancia cero. Es una consigna publicitaria.

STAICOS: ¿RENUNCIÓ DE VERDAD O SIGUE MANEJANDO LA CAJA DE LA PUBLICIDAD OFICIAL?

Hay otro episodio que agrega todavía más interrogantes a esta historia.

La renuncia de Claude Staicos a la Secretaría de Prensa fue anunciada públicamente. Sin embargo, al 14 de octubre de 2026 no se ha podido localizar el decreto de aceptación de esa renuncia.

Y esta circunstancia plantea una pregunta elemental: ¿Staicos dejó efectivamente su cargo o solamente se anunció su salida?

La cuestión no es menor.

Una renuncia anunciada públicamente no permite, por sí sola, determinar cuándo cesaron formalmente las funciones de un funcionario, quién asumió sus competencias y qué facultades conserva o dejó de ejercer.

Mientras el gobierno no exhiba el acto administrativo correspondiente, persiste una incertidumbre que debería ser muy sencilla de despejar.

Pero hay algo más.

Crece la sospecha de que Staicos continúa interviniendo en el manejo de la comunicación oficial, aun después de haberse anunciado su alejamiento.

Si esa sospecha se confirmara, el escándalo adquiriría una dimensión institucional mucho mayor.

¿Quién está tomando actualmente las decisiones sobre publicidad oficial?

¿Quién autoriza las contrataciones?

¿Quién determina qué medios reciben publicidad y cuáles quedan afuera?

¿Staicos continúa impartiendo instrucciones, directa o indirectamente, a quienes administran esos recursos?

¿Existe algún funcionario que formalmente ocupa un cargo mientras las decisiones reales las toma otra persona?

Y, sobre todo, ¿Figueroa conoce y avala esa eventual continuidad de Staicos en el manejo de la comunicación gubernamental?

No alcanza con anunciar una renuncia para dar por terminada una responsabilidad política.

El gobernador debe informar la fecha efectiva del cese, publicar el instrumento correspondiente e identificar quién ejerce actualmente las competencias que tenía Staicos.

Porque si se comprobara que un exfuncionario continúa impartiendo instrucciones o interviniendo en decisiones administrativas sin competencia formal, estaríamos ante una situación que exige una investigación inmediata.

Y si, por el contrario, Staicos nunca dejó formalmente sus funciones, el gobierno debería explicar por qué anunció públicamente una salida que no se habría concretado.

EN DEFINITIVA: ¿STAICOS SE FUE DEL GOBIERNO O SOLAMENTE DESAPARECIÓ DEL ORGANIGRAMA PÚBLICO?

La respuesta no puede quedar librada a rumores ni a versiones de pasillo.

Debe estar respaldada por documentos oficiales.

Y Rolando Figueroa es el primer responsable de proporcionarlos.

LA JUSTICIA Y LOS ÓRGANOS DE CONTROL TIENEN UNA RESPONSABILIDAD

La investigación periodística debe ser el punto de partida para un examen institucional serio.

Corresponde determinar si las contrataciones respetaron la legislación provincial, si existieron procedimientos de selección adecuados, si los precios fueron razonables y si los servicios efectivamente se prestaron.

También debe analizarse si hubo eventuales conflictos de intereses, beneficiarios relacionados entre sí o mecanismos de intermediación que dificultaran identificar a los destinatarios finales de los recursos.

Una auditoría debería reconstruir el circuito completo del dinero público, desde la autorización del gasto hasta su destinatario final.

¿Quién pidió la contratación?

¿Quién eligió al proveedor?

¿Quién aprobó el precio?

¿Quién certificó el servicio?

¿Quién ordenó el pago?

¿Quién recibió finalmente el dinero?

Y una pregunta adicional: ¿hubo empresas intermediarias que contrataron servicios de terceros y retuvieron una parte de los recursos?

Si de esa revisión surgieran indicios concretos de delitos, correspondería la intervención del Ministerio Público Fiscal.

Lo que no puede aceptarse es que el volumen del presupuesto provincial funcione como una cortina detrás de la cual desaparezca la obligación de rendir cuentas.

LA ABUNDANCIA COMO DISFRAZ

Neuquén administra recursos extraordinarios provenientes de su riqueza hidrocarburífera.

Mientras miles de familias enfrentan dificultades para acceder a una vivienda, pagar alquileres o llegar a fin de mes, el gobierno debe explicar con especial rigor cómo utiliza cada peso destinado a su propia promoción.

La abundancia presupuestaria no autoriza la discrecionalidad.

Mucho menos cuando se trata de recursos que pueden incidir sobre el funcionamiento de los medios de comunicación.

Porque un gobierno que administra enormes cantidades de dinero público y, al mismo tiempo, tiene la capacidad económica de influir sobre quienes deben investigarlo, concentra dos instrumentos de poder que requieren controles especialmente rigurosos.

EL DINERO PARA GOBERNAR Y EL DINERO PARA CONDICIONAR A QUIENES CUENTAN CÓMO SE GOBIERNA NO PUEDEN CONFUNDIRSE.

La libertad de prensa no puede depender de la generosidad del gobernador.

Ni de la simpatía de un secretario de Prensa.

Ni de la decisión de un funcionario que determine quién merece recibir publicidad y quién debe ser castigado económicamente.

EL SILENCIO TAMBIÉN ES UNA DECISIÓN POLÍTICA

La investigación de NQN Habla puso sobre la mesa datos que merecen una auditoría completa.

Ahora les toca responder a quienes tienen los documentos, las firmas y las responsabilidades.

Figueroa debe explicar no solamente adónde fue a parar el dinero de la publicidad oficial, sino también quién sigue manejando esa caja.

Porque una renuncia anunciada sin un cese administrativo públicamente verificable, sumada a sospechas de continuidad en las decisiones, no despeja las dudas: las multiplica.

Staicos debe poder explicar su intervención en las contrataciones realizadas durante su gestión y aclarar si mantiene actualmente alguna participación en las decisiones de comunicación gubernamental.

Y los organismos de control deben verificar si todo se ajustó a derecho.

La pregunta final es inevitable:

¿QUÉ TIENE QUE OCULTAR UN GOBIERNO QUE DISPONE DE RECURSOS EXTRAORDINARIOS, PERO NO OFRECE RESPUESTAS COMPLETAS SOBRE CÓMO DISTRIBUYE EL DINERO DESTINADO A LOS MEDIOS?

Quizás no tenga nada que ocultar.

En ese caso, debería resultarle muy sencillo demostrarlo.

Que publique los contratos.

Que identifique a los beneficiarios.

Que exhiba las órdenes de pago.

Que explique los criterios de distribución.

Que muestre el decreto de aceptación de la renuncia de Staicos y aclare quién ejerce hoy sus funciones.

PORQUE EL DINERO ES DE LOS NEUQUINOS. LA INFORMACIÓN TAMBIÉN. Y NINGÚN FUNCIONARIO TIENE DERECHO A APROPIARSE DE NINGUNA DE LAS DOS.