La "tolerancia cero" que se detiene en la puerta del despacho

Rolando Figueroa ha repetido una consigna que pretende convertirse en una marca de su gestión: "tolerancia cero" frente a la corrupción.

La frase es potente.

El problema comienza cuando se la contrasta con los hechos.

Porque Jorge Salas no era un desconocido que apareció repentinamente en una causa judicial.

Jorge Salas fue funcionario del gobierno de Rolando Figueroa.

Y no lo pusieron en cualquier lugar.

Lo designaron director provincial de Hábitat y Urbanismo, justamente un área vinculada con el acceso a la tierra y la vivienda, mientras Salas provenía del mundo de las cooperativas habitacionales.

Visto a la luz de lo que hoy investiga la Justicia, la decisión resulta difícil de explicar:

pusieron al zorro a cuidar el gallinero.

Pero la historia de Salas y el poder político neuquino no comenzó con Figueroa.

## DE PIQUETERO A HOMBRE DEL PODER

Para entender cómo Jorge Salas terminó sentado en un despacho provincial hay que retroceder muchos años.

Su construcción de poder nació vinculada a la protesta social, las movilizaciones y los cortes de calles.

Con el paso del tiempo ocurrió una transformación que Neuquén debería reconstruir cuidadosamente.

El piquetero terminó convertido en un hombre con enorme poder económico, político y territorial.

Ya durante el gobierno de Jorge Sapag, la Cooperativa 127 Hectáreas recibió respaldo estatal, viviendas e infraestructura. El propio Sapag participó de actividades públicas junto a Salas y destacó la tarea de la organización.

Y aquí aparece una pregunta que durante años Neuquén prefirió no hacerse:

¿el Estado solucionó un conflicto social o convirtió la entrega de recursos públicos en una herramienta para comprar paz social?

¿Se terminó premiando a quien había demostrado que cortando calles, movilizando gente y generando conflicto tenía mayor capacidad para sentarse a negociar con el Gobierno?

Si ocurrió eso, el problema es mucho más profundo que Jorge Salas.

Porque el mensaje para cualquier dirigente social era devastador:

cuanto mayor fuera tu capacidad para generar conflicto, mayor podía ser tu capacidad para conseguir recursos del Estado.

Salas creció.

Creció su cooperativa.

Creció su capacidad territorial.

Crecieron los recursos que administraba.

Y creció también su relación con el poder.

Hasta que ocurrió lo impensado:

el hombre que durante años presionaba al Estado terminó convertido en funcionario del propio Estado.

## FIGUEROA CERRÓ EL CÍRCULO

Rolando Figueroa no inventó a Jorge Salas.

Pero tomó una decisión política que hoy merece explicación:

lo incorporó a su gobierno.

Y no para ocupar cualquier lugar.

Lo designó director provincial de Hábitat y Urbanismo.

El dirigente proveniente de una cooperativa habitacional terminó ocupándose desde el Estado de las políticas de hábitat.

El zorro quedó cuidando el gallinero.

Salas participó de actividades oficiales y trabajó junto a funcionarios de primera línea.

Entre ellos, el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

Y cuando en febrero de 2025 decidió renunciar, Salas dijo públicamente algo todavía más incómodo: sostuvo que nadie le había pedido la renuncia y que los ministros le habían pedido que continuara en funciones.

Además agradeció expresamente a Rolando Figueroa por haberlo incorporado al gabinete y a Jorge Tobares.

Entonces la pregunta ya no es solamente por qué Figueroa lo nombró.

La pregunta es:

¿quién quería que Salas siguiera dentro del Gobierno cuando las denuncias ya habían tomado estado público?

¿Tobares?

¿Otros ministros?

¿Por qué?

## EL CONTROL TAMBIÉN DEPENDÍA DEL ESTADO

Hay otra paradoja.

Cuando hoy se pregunta quién debía controlar a las cooperativas, la respuesta conduce nuevamente al Gobierno provincial.

La Inspección Provincial de Personas Jurídicas tiene competencias de fiscalización sobre estas organizaciones y depende del Ministerio de Gobierno.

El mismo ministerio conducido por Jorge Tobares.

Naturalmente, esa fiscalización no significa una auditoría cotidiana de cada peso administrado por una cooperativa.

Pero la coincidencia institucional es imposible de ignorar:

el Estado debía controlar y, al mismo tiempo, había incorporado al principal referente de esa cooperativa a su propia estructura política.

Por eso la pregunta correcta ya no es solamente:

¿quién debía controlar a Salas?

Hay otra anterior:

¿quién lo puso adentro del Estado que debía controlarlo?

## NEUQUÉN YA TENÍA EJEMPLOS PARA MIRAR

Lo ocurrido obliga además a recordar experiencias de otras provincias.

Los casos no son jurídicamente iguales y no corresponde afirmar que Salas haya cometido los mismos delitos.

Pero Argentina ya conoció las consecuencias que puede producir un modelo basado en dirigentes territoriales que concentran capacidad de movilización y, simultáneamente, administran enormes cantidades de recursos públicos.

En Jujuy estuvo Milagro Sala.

Una dirigente social que construyó una gigantesca estructura cooperativa, recibió importantes fondos estatales destinados a viviendas y terminó condenada judicialmente en causas relacionadas con la administración de esos recursos.

En Chaco estuvo Emerenciano Sena.

Otro dirigente surgido del movimiento piquetero que construyó una poderosa estructura territorial y cuya organización recibió durante años cuantiosos recursos públicos.

Neuquén debería mirar esas experiencias sin simplificaciones pero también sin ingenuidad.

Porque existe una pregunta institucional que atraviesa los tres fenómenos:

¿qué ocurre cuando el Estado, en lugar de fortalecer sus instituciones, comienza a financiar intermediarios territoriales cuya principal fuente de poder es precisamente su capacidad para presionar al Estado?

El riesgo es evidente.

El dirigente deja de depender de la gente.

El Gobierno empieza a depender del dirigente para conservar la paz social.

Y los recursos públicos terminan alimentando una estructura de poder cada vez más difícil de controlar.

## ¿TOLERANCIA CERO PARA QUIÉN?

Hoy Jorge Salas está imputado por la Justicia por presuntas estafas vinculadas con la Cooperativa 127 Hectáreas.

Será la Justicia la que determine su responsabilidad penal.

Pero la responsabilidad política no necesita esperar una sentencia.

Porque alguien decidió incorporarlo al Gobierno.

Alguien evaluó —o no evaluó— sus antecedentes.

Alguien consideró conveniente entregarle un área vinculada precisamente con viviendas y hábitat.

Y cuando las denuncias aparecieron, según relató el propio Salas, desde el Gobierno le pidieron que continuara.

Entonces Figueroa y Tobares tienen preguntas que responder.

¿Quién propuso a Salas para el cargo?

¿Qué antecedentes analizaron?

¿Qué sabía el Gobierno sobre el funcionamiento de la Cooperativa 127 Hectáreas?

¿Cuándo conocieron las primeras denuncias?

¿Personas Jurídicas había inspeccionado la cooperativa?

¿Qué encontró?

¿Es verdad que ministros del Gobierno le pidieron que continuara?

¿Quiénes?

¿Estaba Tobares entre ellos?

¿Y por qué?

## LA TOLERANCIA CERO SE DEMUESTRA CON LOS PROPIOS

Es sencillo proclamar tolerancia cero cuando el acusado pertenece al gobierno anterior, a la oposición o a un sector político adversario.

El verdadero examen comienza cuando las preguntas llegan hasta la puerta del propio despacho.

Salas no era un extraño.

Figueroa lo hizo funcionario.

Tobares trabajó institucionalmente con él.

El organismo encargado de fiscalizar cooperativas dependía del ministerio de Tobares.

Y Salas aseguró que, cuando quiso irse, desde el propio Gobierno le pidieron que se quedara.

Por eso el caso ya no interpela solamente a Jorge Salas.

Interpela al poder político que durante años lo legitimó, lo financió, negoció con él y finalmente lo incorporó al Estado.

La Justicia deberá determinar qué hizo Salas.

Pero hay una pregunta que Figueroa puede contestar hoy mismo:

Gobernador: si Jorge Salas hubiera sido funcionario de otro gobierno, ¿usted estaría exigiendo explicaciones?

Entonces empiece por darlas.

Porque la tolerancia cero no se demuestra persiguiendo adversarios.

Se demuestra cuando toca investigar a los propios.