Figueroa, los chinos y los amigos del poder: el negocio millonario de los vehículos que complica al Gobierno
Una licitación del Banco Provincia del Neuquén por vehículos cero kilómetro abre interrogantes sobre posibles pliegos confeccionados para favorecer a Foton, la automotriz china.
Una licitación del Banco Provincia del Neuquén por vehículos cero kilómetro abre interrogantes sobre posibles pliegos confeccionados para favorecer a Foton, la automotriz china. En el centro de las versiones aparece Maximilian Diez, empresario señalado como presunto intermediario y vinculado personalmente, según una fuente, con el ministro Guillermo Koenig. El gobernador Rolando Figueroa, su ministro de Economía y hasta su propia hija, Camila Figueroa, síndica titular del BPN, forman parte de una estructura institucional en la que se cruzan las decisiones de compra, el financiamiento y los controles. Y hay una contradicción política difícil de explicar: mientras el oficialismo frenó el tratamiento inmediato del respaldo legislativo a CALF por sus negociaciones con Huawei, ahora surgen sospechas sobre posibles negocios con otra empresa china.
Un banco que compra vehículos para el Gobierno
El 28 de octubre de 2026, el Banco Provincia del Neuquén realizó la apertura de sobres de la Licitación Abierta N.º 012-2026, destinada a la adquisición de vehículos cero kilómetro.
El acta oficial, de 14 páginas, registra trece ofertas presentadas por empresas del sector automotor.
Entre los vehículos comprendidos aparecen camionetas, furgones, minibuses, ambulancias, motocicletas y unidades destinadas a distintas funciones públicas.
La primera pregunta surge casi naturalmente.
¿Qué hace un banco comprando ambulancias, camionetas policiales y vehículos destinados a organismos públicos?
La respuesta es que el BPN se ha convertido en una herramienta utilizada por el gobierno provincial para financiar y gestionar adquisiciones de bienes destinados a diferentes áreas del Estado.
No se trata de una operación aislada.
En junio de 2024, el gobierno anunció un programa de adquisición de 401 vehículos por $25.100 millones.
La distribución prevista contemplaba 240 unidades para Seguridad, 60 para Salud, 56 para municipios y comisiones de fomento y otras 45 para distintas dependencias.
El financiamiento se estructuró mediante operaciones de leasing por $21.500 millones y préstamos por $3.600 millones, con un plazo de 48 meses.
En 2025, el Ministerio de Economía informó operaciones de leasing correspondientes a 154 vehículos, por $8.444,57 millones.
Y para 2026, la Ley de Presupuesto 3552 contempla una autorización de financiamiento para adquisición de bienes por $38.400 millones, con el BPN como acreedor, un plazo de 48 meses, tasa BADLAR más 3,5 puntos porcentuales y garantía de coparticipación federal.
Son operaciones distintas. No está acreditado que los $38.400 millones correspondan a la licitación abierta en octubre.
Pero los antecedentes permiten dimensionar la magnitud económica de un sistema de contrataciones en el que intervienen el Ministerio de Economía, el Banco Provincia del Neuquén y diferentes organismos estatales.
Miles de millones de pesos, cientos de vehículos y una estructura de decisiones que merece ser examinada hasta el último detalle.
Porque la cuestión no es solamente cuánto se compra.
Es quién decide qué comprar, quién establece las condiciones, quién selecciona a los proveedores y quién controla todo el procedimiento.
Foton: la sospecha de una licitación hecha a medida
Una fuente vinculada al sector automotor sostiene que una parte importante de las adquisiciones estaría orientada a favorecer comercialmente a Foton, fabricante chino de vehículos.
La denuncia plantea una hipótesis concreta: determinadas especificaciones técnicas de los pliegos habrían sido definidas para facilitar la participación competitiva de modelos de esa marca.
El eventual mecanismo no requeriría una adjudicación directa ni la exclusión expresa de otros fabricantes.
Bastaría con incorporar exigencias de dimensiones, motorización, equipamiento, capacidades de carga o características técnicas que coincidieran especialmente con determinados vehículos, sin una justificación objetiva.
Ese tipo de direccionamiento, si existiera, podría alterar la igualdad de condiciones entre los oferentes.
Pero hay una distinción indispensable: hasta ahora no se obtuvo una comparación técnica completa que demuestre que los pliegos fueron confeccionados para favorecer a Foton.
Tampoco existe una adjudicación publicada que permita afirmar que esa marca haya resultado beneficiada.
Lo que existe es una denuncia que merece ser investigada.
Y las preguntas son precisas.
¿Quién redactó los pliegos?
¿Quién determinó las características de los vehículos?
¿Se consultó previamente a fabricantes o concesionarios?
¿Quién autorizó las especificaciones?
¿Las condiciones responden a necesidades reales de los organismos públicos o contienen exigencias que restringen injustificadamente la competencia?
La respuesta está en los expedientes.
Y el gobierno tiene la obligación de garantizar que esos documentos puedan ser examinados conforme a la legislación vigente.
Maximilian Diez: el nombre que aparece en las versiones
La información recibida identifica a Maximilian Diez como presunto intermediario comercial relacionado con los intereses de Foton en Neuquén.
La misma fuente sostiene que Diez mantiene una amistad personal con Guillermo Koenig, ministro de Economía del gobierno provincial.
Y agrega un dato que, de confirmarse, resultaría políticamente relevante: Diez, Koenig y Rolando Figueroa habrían compartido sus años universitarios en la Universidad Nacional del Comahue.
Estas relaciones personales y académicas no han sido corroboradas documentalmente en esta investigación.
Tampoco se ha acreditado que Diez tenga un poder de representación de Foton o un contrato comercial con la automotriz.
Su actividad empresarial, en cambio, tiene antecedentes públicos.
Su nombre aparece en registros societarios vinculados con Die Zukunft S.A. y en referencias a otras actividades de asesoramiento y servicios empresariales.
Sin embargo, ninguna de esas constancias demuestra una participación en la licitación del BPN.
Entonces, ¿por qué resulta importante investigar su eventual intervención?
Porque la denuncia no se limita a señalar una relación de amistad.
Sugiere la posibilidad de que un empresario con vínculos personales con funcionarios de primera línea haya intervenido comercialmente en una contratación pública.
Si se demostrara que utilizó esas relaciones para obtener ventajas indebidas, estaríamos frente a una situación de enorme gravedad institucional.
Pero si no existió ninguna intervención, también corresponde establecerlo con claridad.
Lo que no puede aceptarse es que una contratación pública de semejante importancia permanezca rodeada de interrogantes sobre quiénes actúan detrás de las empresas oferentes.
La documentación decisiva son los poderes, las autorizaciones comerciales y las firmas que acompañaron las trece propuestas.
Allí podrá comprobarse si Diez participó formalmente o no.
Guillermo Koenig: el ministro en el centro del circuito financiero
Guillermo Koenig no es un funcionario ajeno al funcionamiento del BPN.
Además de conducir el Ministerio de Economía, Producción e Industria, fue designado mediante el Decreto 369/2026 como representante titular del Estado provincial en las asambleas del Banco Provincia del Neuquén.
Y los antecedentes de 2024 muestran que el Ministerio de Economía ha participado formalmente en contratos de mandato para que el banco realice adquisiciones destinadas al Poder Ejecutivo.
Por lo tanto, corresponde determinar qué organismo requirió la compra de octubre de 2026, quién autorizó la operación, cómo se estructuró el financiamiento y qué participación tuvieron las distintas autoridades.
La condición de Koenig como representante del accionista provincial no demuestra que haya intervenido personalmente en la confección o evaluación de los pliegos.
Pero su posición institucional hace necesario que explique los mecanismos de control.
También corresponde preguntarle si conoce a Maximilian Diez, qué relación mantiene con él y si tuvo conocimiento de alguna eventual actividad comercial relacionada con Foton.
Porque una cosa es tener amigos.
Otra muy distinta sería que esos amigos participaran en negocios con el Estado y que las decisiones públicas se vieran condicionadas por esas relaciones.
Eso último no está probado.
Pero constituye precisamente la hipótesis que debe investigarse.
El control también queda en familia: Camila Figueroa es síndica del BPN
Hay un dato que agrega una dimensión particularmente delicada a esta investigación.
Camila Figueroa Vinassa, hija del gobernador Rolando Figueroa, es síndica titular del Banco Provincia del Neuquén.
No se trata de una versión.
Su integración a la Comisión Fiscalizadora consta en la documentación institucional del banco y su designación fue ratificada por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas del 19 de marzo de 2026.
La sindicatura no es un cargo decorativo.
Es uno de los órganos encargados de fiscalizar la legalidad de las actuaciones societarias y el cumplimiento de las obligaciones de sus autoridades, dentro de las competencias que establece la normativa aplicable.
Por eso, el dato adquiere especial relevancia cuando el banco interviene en contrataciones destinadas a organismos del gobierno que conduce su propio padre.
El gobernador encabeza el Poder Ejecutivo que requiere y financia las compras.
Su ministro de Economía participa de la estructura institucional que representa al Estado provincial ante el banco.
Y su propia hija integra el órgano encargado de fiscalizar la entidad.
¿Qué grado de independencia efectiva existe entre quienes impulsan las operaciones y quienes deben controlar su legalidad?
El parentesco no constituye por sí mismo una incompatibilidad ni demuestra una irregularidad.
Tampoco existen elementos que acrediten que Camila Figueroa haya intervenido en la redacción, evaluación o adjudicación de la Licitación 012-2026.
Pero su condición de síndica titular obliga a examinar qué controles ejerció la Comisión Fiscalizadora respecto de las operaciones de compras y financiamiento realizadas por el BPN.
¿La sindicatura tomó conocimiento de los contratos de mandato celebrados con el Poder Ejecutivo?
¿Examinó eventuales conflictos de intereses?
¿Formuló observaciones sobre los procedimientos de contratación?
¿Existen informes relacionados con las adquisiciones de vehículos?
¿Se adoptaron medidas específicas de fiscalización respecto de esta licitación?
Cuando se conoció su designación, en diciembre de 2023, el diputado oficialista Francisco Lépore defendió la incorporación de personas de confianza del gobernador y describió a la sindicatura como los ojos del Poder Ejecutivo dentro del banco.
Aquella concepción plantea una discusión institucional de fondo.
¿La Comisión Fiscalizadora debe actuar como un órgano independiente de control o como una representación política de la confianza del gobernador?
La diferencia es sustancial.
Porque cuando el banco participa en operaciones multimillonarias y aparecen denuncias sobre posibles ventajas comerciales, los controles deben ser capaces de actuar sin condicionamientos políticos ni familiares.
En definitiva, esta investigación ya no solamente plantea interrogantes sobre quién vende, quién compra y quién decide.
También obliga a preguntar quién controla a quienes deciden.
Y en el BPN, una de las personas que integra ese órgano de fiscalización es la propia hija del gobernador.
Foton ya tiene representantes en Neuquén
La automotriz china no carece de estructura comercial en Argentina.
Grupo Corven representa oficialmente a Foton en el país desde 2018.
En junio de 2026, la marca anunció la incorporación de Energytrucks a su red comercial en Neuquén y Añelo.
La comunicación identificó a Diego Agüero como representante de ese concesionario.
También aparece Syen Camiones S.A., una empresa neuquina que se presenta como concesionaria oficial de Foton Trucks.
Los antecedentes societarios de Syen identifican a integrantes de la familia Liberati entre sus fundadores.
Hasta el momento no se encontró documentación que acredite a Maximilian Diez como socio, director o apoderado de Energytrucks, Syen Camiones o Grupo Corven.
Tampoco se obtuvo la composición societaria completa y actualizada de todas las empresas involucradas.
Por lo tanto, no puede descartarse ni afirmarse la existencia de contratos privados de intermediación.
Lo que sí puede comprobarse es que Foton tiene canales comerciales identificables en Neuquén.
Y que uno de ellos mantiene antecedentes institucionales con el gobierno provincial.
Syen Camiones, Figueroa y las tierras del Parque Industrial
El 19 de febrero de 2026, el gobierno provincial entregó escrituras traslativas de dominio a tres empresas radicadas en el Parque Industrial de Neuquén.
Una de ellas fue Syen Camiones S.A.
En el acto participaron autoridades provinciales y representantes empresariales.
Entre los asistentes estuvieron el gobernador Rolando Figueroa y Juan Carlos Liberati, representante de Syen.
La empresa contaba con antecedentes de un proyecto de inversión desarrollado durante años en el Parque Industrial.
La regularización de los terrenos tenía antecedentes administrativos anteriores a la actual gestión, por lo que la entrega de escrituras no constituye por sí misma un beneficio irregular ni demuestra favoritismo.
Pero el episodio acredita una relación institucional entre el gobierno provincial y una empresa que comercializa vehículos de la marca mencionada en las denuncias.
Y eso lleva a nuevas preguntas.
¿Participó Syen Camiones en la Licitación 012-2026?
¿Lo hizo Energytrucks?
¿Alguna de las trece empresas presentó vehículos Foton?
¿Quiénes firmaron las ofertas?
¿Existieron intermediarios comerciales?
¿Hubo reuniones previas con funcionarios del Ministerio de Economía o del BPN?
Nada de eso puede responderse definitivamente sin conocer la documentación completa de las propuestas.
Pero son preguntas perfectamente verificables.
Y no existe motivo para que queden sin respuesta.
Los blindados: las licitaciones que ya tienen adjudicatarios
La fuente consultada también sostiene que determinadas operaciones relacionadas con vehículos blindados habrían quedado fuera del presunto circuito comercial de Foton porque la marca no dispondría de modelos compatibles con algunas exigencias técnicas.
Esa versión todavía no está acreditada.
Sin embargo, existen antecedentes públicos que permiten identificar otras contrataciones del BPN.
La Licitación N.º 002-2026, destinada a camiones para blindados, fue adjudicada a Comahue Trucks S.A.
La Licitación N.º 003-2026, correspondiente a fabricación y montaje de carrocerías blindadas, fue adjudicada a Carrocerías MC S.R.L.
Esas adjudicaciones aparecen en los registros del banco.
No está probado que Foton haya intentado participar ni que haya sido excluida por razones técnicas.
Pero los expedientes permitirían comparar los criterios utilizados en diferentes adquisiciones.
Y determinar si las exigencias fueron consistentes, razonables y justificadas.
La contradicción de Figueroa: cuando los chinos eran de CALF
Hay un antecedente político que convierte esta investigación en un asunto especialmente incómodo para el gobierno provincial.
En agosto de 2026, la cooperativa eléctrica CALF quedó involucrada en una controversia por sus negociaciones tecnológicas con Huawei, empresa china vinculada al desarrollo de infraestructura de comunicaciones.
La situación escaló cuando se denunciaron presiones provenientes de la Embajada de Estados Unidos.
La diputada provincial Cielubi Obreque presentó una iniciativa legislativa de respaldo a CALF y rechazo a las presiones denunciadas.
El proyecto obtuvo acompañamiento de legisladores de diferentes sectores.
Sin embargo, cuando se intentó tratarlo sobre tablas, no reunió los votos necesarios.
Sectores legislativos alineados con Figueroa no acompañaron su tratamiento inmediato.
Entre ellos aparecieron diputados vinculados al MPN.
La iniciativa terminó en comisión.
Posteriormente, el gobernador manifestó públicamente que CALF debía tener libertad para establecer sus acuerdos comerciales.
Ese respaldo posterior forma parte de los hechos.
Pero no elimina la contradicción entre la cautela inicial del oficialismo en la Legislatura y las declaraciones posteriores del gobernador.
Cuando CALF negociaba con Huawei, el oficialismo evitó acompañar el tratamiento inmediato de una declaración de respaldo. Ahora aparecen denuncias sobre posibles ventajas comerciales relacionadas con otra empresa china en contrataciones del Estado provincial.
Los casos no son equivalentes.
Huawei y Foton desarrollan actividades diferentes, y las preocupaciones estadounidenses sobre infraestructura tecnológica no son trasladables automáticamente a la adquisición de vehículos.
Pero la comparación plantea un interrogante político.
¿Cuál es el criterio del gobierno frente a las empresas chinas?
¿La posición depende del tipo de negocio?
¿Depende de quién lo impulsa?
¿O de quiénes participan comercialmente?
El problema no es que una empresa sea china, estadounidense, japonesa o argentina.
El problema sería que una contratación pública pudiera estar influida por relaciones personales ajenas al interés del Estado.
Y eso es lo que corresponde investigar.
¿Y ahora qué dirá el embajador Lamelas?
El conflicto entre CALF y Huawei llegó a involucrar públicamente a la Embajada de Estados Unidos.
El embajador Peter Lamelas defendió las preocupaciones de su país respecto de la participación de empresas tecnológicas chinas en infraestructura estratégica.
Incluso fue convocado a una comisión de la Cámara de Diputados de la Nación para explicar lo sucedido, aunque no asistió a la reunión del 19 de agosto.
Ahora la discusión es diferente.
Se trata de una automotriz china mencionada en denuncias sobre posibles contrataciones direccionadas en Neuquén.
No existen elementos para equiparar ambos casos desde el punto de vista tecnológico o de seguridad.
Pero sí aparece una pregunta sobre la coherencia política del gobierno provincial.
¿Por qué el oficialismo mostró tanta cautela cuando una cooperativa neuquina necesitaba respaldo frente a presiones extranjeras?
¿Y qué nivel de transparencia está dispuesto a garantizar ahora que las sospechas apuntan a una contratación pública en la que podría participar una empresa china?
La nacionalidad del proveedor no debería determinar el tratamiento de una licitación.
Tampoco las amistades de quienes participan en las decisiones.
Lo único que debería importar es el interés público.
Trece ofertas y una adjudicación que todavía no aparece
El acta de apertura de la Licitación 012-2026 registra trece ofertas.
Pero al momento de esta investigación no se había encontrado una adjudicación formal publicada.
En otras licitaciones, el BPN informa expresamente las empresas adjudicatarias y los renglones obtenidos.
En este procedimiento, abierto el 28 de octubre, esa información todavía no estaba disponible.
Esto no significa que exista una irregularidad.
La apertura de sobres es una etapa anterior a la evaluación técnica, económica y posterior adjudicación.
Pero sí significa que todavía no puede afirmarse qué empresa ganó, cuántos vehículos obtuvo ni qué modelos fueron seleccionados.
Mucho menos puede asegurarse que Foton haya sido adjudicataria.
Y precisamente por eso, la documentación de las ofertas resulta fundamental.
Porque una licitación no empieza a ser cuestionable solamente cuando se adjudica.
Si existieran condiciones técnicas confeccionadas para favorecer a determinados proveedores, el problema podría haberse originado mucho antes.
En la etapa de elaboración de los pliegos.
El expediente que puede revelar toda la trama
La Ley Provincial 3044 de Acceso a la Información Pública permite solicitar documentación estatal, con las excepciones legalmente previstas.
Cualquier ciudadano puede requerir información sobre esta contratación sin necesidad de ser periodista, legislador o funcionario.
Los documentos fundamentales son:
- El expediente completo de la Licitación Abierta N.º 012-2026.
- El contrato de mandato entre el Poder Ejecutivo y el BPN, si corresponde a esta operación.
- Las resoluciones que autorizaron la adquisición.
- La identificación de los organismos destinatarios de los vehículos.
- Las cantidades mínimas y máximas previstas por renglón.
- Las fuentes de financiamiento y las condiciones económicas.
- Los nombres y cargos de quienes redactaron y aprobaron los pliegos.
- Los estudios de mercado utilizados para definir las especificaciones técnicas.
- Las ofertas presentadas y la documentación de representación de las empresas.
- Los dictámenes de evaluación y las resoluciones de adjudicación, cuando se produzcan.
- Las comunicaciones previas con fabricantes, concesionarios e intermediarios, en la medida en que formen parte de actuaciones públicas accesibles.
- Las actuaciones de fiscalización que correspondan a la Comisión Fiscalizadora del BPN.
La información sobre poderes y representantes deberá suministrarse respetando las restricciones legales que correspondan.
Pero el interés público en conocer cómo se administran los recursos provinciales resulta evidente.
Y la transparencia no debería depender de que un ciudadano consiga reconstruir por su cuenta aquello que los organismos públicos pueden explicar mediante sus propios expedientes.
¿Un negocio entre amigos o una licitación transparente?
La denuncia recibida plantea la posibilidad de que determinadas especificaciones técnicas hayan sido definidas para favorecer intereses comerciales vinculados con Foton.
También identifica a Maximilian Diez como presunto intermediario y señala una relación personal con Guillermo Koenig.
Esas afirmaciones requieren corroboración.
No existe todavía prueba documental suficiente para sostener que se haya cometido un delito, que Foton haya recibido una adjudicación irregular o que Diez haya intervenido en una decisión pública.
Pero si se demostrara que funcionarios utilizaron sus cargos para favorecer indebidamente a proveedores, correspondería examinar las responsabilidades administrativas y penales.
Dependiendo de los hechos acreditados, podrían investigarse figuras como negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas o incumplimiento de deberes.
La responsabilidad penal no surge de una amistad, un parentesco o una coincidencia universitaria.
Surge de conductas concretas, demostradas mediante pruebas.
Y precisamente por eso resulta indispensable conocer la documentación.
Figueroa, Koenig y Camila Figueroa: tres niveles de responsabilidad institucional
El gobernador Rolando Figueroa conduce el Poder Ejecutivo provincial.
Guillermo Koenig encabeza el Ministerio de Economía y representa al Estado provincial en las asambleas del BPN.
Camila Figueroa Vinassa, hija del gobernador, integra la Comisión Fiscalizadora de la entidad como síndica titular.
Son funciones diferentes, con competencias y responsabilidades distintas.
No corresponde atribuirles automáticamente participación en una licitación por el solo hecho de ocupar esos cargos.
Pero la estructura institucional permite identificar a quiénes deben dirigirse las preguntas.
Al gobernador, por los mecanismos generales de transparencia y prevención de conflictos de intereses de su administración.
Al ministro de Economía, por las operaciones de financiamiento, los eventuales contratos de mandato y su relación institucional con el banco.
A la Comisión Fiscalizadora, por las actuaciones de control que correspondan dentro de sus atribuciones legales.
Y a los funcionarios que efectivamente redactaron, aprobaron y evaluaron los pliegos, por las decisiones concretas adoptadas en el procedimiento.
También corresponde requerir explicaciones a Maximilian Diez y a las empresas que participaron comercialmente en la contratación.
La transparencia exige identificar responsabilidades reales, no confundir funciones ni reemplazar las pruebas por sospechas.
El problema no es China. El problema es el poder
Esta investigación reúne una serie de circunstancias que merecen respuestas públicas.
Un banco provincial utilizado para adquirir vehículos destinados a diferentes organismos del Estado.
Un circuito de financiamiento que ha movilizado miles de millones de pesos.
Una nueva licitación con trece ofertas.
Una denuncia sobre posibles pliegos confeccionados para favorecer a Foton.
Un empresario señalado como presunto intermediario y relacionado personalmente, según la fuente, con funcionarios de primera línea.
Concesionarios de la marca china con actividad comercial en Neuquén.
Un antecedente institucional entre el gobierno y una de esas empresas.
Un ministro de Economía que también representa al Estado provincial ante el BPN.
Y la hija del gobernador integrando el órgano de fiscalización del banco.
A todo ello se suma la contradicción política del oficialismo frente al episodio de CALF y Huawei.
Ninguno de estos elementos demuestra por sí mismo corrupción.
Pero todos justifican exigir que el gobierno publique la documentación y explique sus decisiones.
Porque cuando se administran recursos públicos, no alcanza con asegurar que una licitación es legal.
Hay que poder demostrar que las condiciones fueron objetivas, que todos los proveedores compitieron en igualdad y que ninguna relación personal influyó indebidamente en las decisiones.
¿Quién redactó los pliegos?
¿Quién eligió las características de los vehículos?
¿Quiénes participaron en las negociaciones previas?
¿Qué empresas ofrecieron Foton?
¿Qué intervención tuvo, si alguna, Maximilian Diez?
¿Qué controles ejerció la Comisión Fiscalizadora del BPN?
¿Y qué explicaciones darán Figueroa y Koenig?
El gobierno tiene la oportunidad de responder con documentos.
No con discursos.
No con descalificaciones.
No con declaraciones generales sobre transparencia.
Con expedientes, firmas, dictámenes, estudios de mercado y decisiones administrativas.
Porque la cuestión de fondo no es si los vehículos vienen de China.
La verdadera pregunta es si las compras públicas se deciden exclusivamente en función de las necesidades de los neuquinos o si existen intereses privados que consiguen ventajas por su cercanía con el poder.
Y cuando una contratación involucra al banco provincial, al Ministerio de Economía y a organismos del gobierno, esa respuesta adquiere una importancia institucional todavía mayor.
En Neuquén, la transparencia no puede ser una cuestión de familia.
